Columna de Opinión
“El Caso Lonquen; Para no Olvidar”
Por
Carlos Ernesto Sánchez.
Un dia 30 de Noviembre de 1978 fueron encontrados 15 cuerpos asesinados y
enterrados clandestinamente por
Carabineros de Chile, pertenecientes
tenencia de Isla Maipo, a cargo en ese entonces del Teniente Lautaro Castro
Mendoza.
Un anciano campesino buscando a su hijo,
que había sido detenido, llega hasta la mina abandonada de Lonquen, donde
descubre varios restos de seres humanos. Se acerca a la Vicaria de la
Solidaridad y denuncia ante el Sacerdote Cristian Precht lo descubierto. El Vicario Episcopal organiza
a un grupo de hombres buenos, correctos y creíbles y concurren hasta el lugar,
hallando 15 cuerpos de hombres de 17 a 51 años.
La sociedad se conmovió y muchos fuimos
en peregrinación hasta el lugar convocados por el horrible crimen cometido por
Carabineros de Chile, quienes ante la justicia mienten tratando de tergiversar
la verdad de lo ocurrido.
El 2 de julio de 1979, el Fiscal Militar dictó encargatoria
de reo en contra el Capitán Lautaro Castro Mendoza, y a los carabineros, Juan
J. Villegas Navarro, Félix Sagredo Aravena, Manuel Muñoz Rencoret, Jacinto R.
Torres González, David Coliqueo Fuentealba, José Belmar Sepúlveda y Justo Romo
Peralta, todos en calidad de autores del delito de la muerte de quince detenidos el 7 de octubre de 1973. Sin
embargo, el 16 de agosto en virtud del Decreto Ley de Amnistía de 1978, se
sobreseyó definitivamente en favor de los reos. Esta resolución fue confirmada
por la Corte Marcial el 22 de octubre de 1979
Como este crimen hay otros en los cuales Carabineros ha sido ejecutor y en la mayoría de ellos sus acciones
han quedado en total impunidad.
Desde tiempos de la
dictadura, Carabineros no ha tenido un comportamiento cercano a la gente. Las
conductas que hoy reprochamos a los uniformados
de verde, es solo una pincelada de otras acciones donde han cometido los más
feroces crímenes y falta a los Derechos Humanos.
Una vez terminada la
investigación, los familiares de las quince victimas pidieron que se les entregaran los cuerpos
para sepultarlos. Sin embargo, aunque el Fiscal Militar Gonzalo Salazar ordenó
entregar los restos de las víctimas a sus familias, los restos fueron sacados
esa noche del Instituto Médico Legal en forma subrepticia y fueron enterrados
en una fosa común con el fin de evitar cualquier tipo de demostración contra un
régimen que en repetidas ocasiones había declarado que los detenidos -
desaparecidos eran un invento de la izquierda. De hecho, seis meses antes del
hallazgo de Lonquén, el ministro del Interior, el civil Sergio Fernández, dijo,
en respuesta a las presiones por parte de familiares de detenidos -
desaparecidos, "es muy factible que la gran mayoría de los presuntos
desaparecidos haya pasado a la clandestinidad o haya caído en enfrentamientos
bajo las identidades falsas que portaban, impidiendo su
individualización." Lonquén, sin embargo, comprobó que al contrario de lo
que decían las altas cúpulas del régimen, los detenidos desaparecidos no
solamente tenían nombre y apellido, pero en este caso habían muerto bajo
circunstancias extrañas y sus cuerpos habían sido ocultados.
Las victimas Sergio Maureira
Lillo y sus cuatro hijos, Rodolfo Antonio, Sergio Miguel, Segundo Armando y
José Manuel; Oscar Hernández Flores y sus hermanos Carlos y Nelson; Enrique
Astudillo Alvarez y sus dos hijos Omar y Ramón; y los cuatro jóvenes Miguel
Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro no solo fueron asesinados,
sus cuerpos fueron secuestrados desde el Instituto Médico Legal y enterrados
clandestinamente.
Así actuó la dictadura cívico
militar y carabineros de Chile, los mismos a los que hoy Piñera defiende a ultranza.
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